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En una sociedad mercantil como la nuestra, que podríamos catalogar de Capitalista, los salarios que remuneran a la Fuerza de Trabajo los fija el mercado, como a cualquier otra mercancía. No hay excepción. (Hacemos abstracción aquí de los ingresos del personal estatal a quienes se les retribuye con sueldos, pues no perciben salarios.)

Por consiguiente, subir o bajar salarios, así como el precio de cualquier otra mercancía, obedeciendo a intereses políticos, constituye evidente intromisión en asuntos que no son competencia ni responsabilidad del Congreso ni del Poder Ejecutivo, los que, en este caso, cometerían tráfico de influencias y manipulación de derechos ajenos.

Lo expuesto rige también para todas las mercancías agropecuarias, incluyendo, plenamente, a la fuerza de trabajo asalariada.

La determinación de los precios en el mercado supone la negociación directa, y sin intermediarios, entre sus concurrentes, lo que quiere decir que para el caso del salario, deben negociar los obreros asalariados agrícolas representados por sus sindicatos y el capital que los remunera, representado éste por los empresarios: gerentes o funcionarios autorizados. (Dejamos de lado en este análisis a todos los factores económicos relativos a la propiedad del suelo –renta del suelo- lo que incluye otras consideraciones y determinaciones.)

La negociación a la que nos referimos sólo puede darse en condiciones de libertad de expresión y de organización entre los interesados, es decir, entre los personeros de la fuerza de trabajo y del capital (sindicatos de los obreros asalariados y empresarios capitalistas), únicamente.

Lo anterior no excluye la presencia de asesores de todo tipo (económicos, jurídicos e incluso políticos, de cada una de las partes, lo que puede incluir a los representantes del Estado*).

Pero, lo que no se debe aceptar, por ningún motivo, es la suplantación de los unos o de los otros, por personalidades políticas que se atribuyen la representación de alguna de las partes.

Cuando se da dicha suplantación y/o intervención, cualquiera sea el nivel o la amplitud en que se presente, buscando mejorar los salarios por encima de lo que fija el mercado, el resultado final que se logra, y demostrado por largos años de historia, es la disminución de la producción, y por consiguiente de la riqueza.

La explicación de esto último es la siguiente: El capital, en manos de sus representantes, acude al mercado buscando una ganancia. Por la otra parte, la fuerza de trabajo, igualmente, concurre al mercado buscando la renovación de su energía productiva y el sustento familiar (alimentación, vivienda, etc.). En algún punto, sin mediación de terceros, las partes logran el acuerdo que satisface sus aspiraciones, dándose el apretón de manos cerrando el trato.

Si por interferencias políticas se busca subir los salarios fuera de lo que manda el mercado, el resultado, inevitable, será la disminución de la presencia del capital pues dicha manipulación determina la consiguiente disminución de las ganancias más allá de lo permisible, cuando no su anulación.

El resultado de lo anterior será la disminución de los salarios pues el retiro de capitales se traducirá en una disminución del trabajo empleado y el correspondiente incremento de la desocupación, el famoso Ejército Industrial de Reserva, por encima de lo normal. Y el incremento de éste sobre lo que manda el mercado se traducirá, forzosamente, a corto o mediano plazo, en la declinación salarial por debajo de lo que mandaría el mismo mercado antes de la intervención.

Por consiguiente, manipular demagógicamente a los trabajadores, con el cuento de que se está luchando por mejorar sus ingresos, lo único que produce es el efecto contrario: La disminución de la fuerza de trabajo empleada y la consiguiente disminución de salarios que va de la mano del incremento de la desocupación.

Claro está que los traficantes políticos que originaron dicha declinación salarial culparían, “inocentemente” a los capitalistas, los “demonios”, siendo ellos los que originaron el daño a los trabajadores, a quienes dicen “representar” y “defender”, como si éstos no tuvieran sus sindicatos a quienes corresponde legítimamente la defensa de sus intereses.

Lo último conlleva el agravante consistente en que estos traficantes “políticos” evitan muchas veces que los trabajadores agrícolas se sindicalicen con el cuento que son ellos sus “auténticos” representantes.

*. Es necesaria la participación del Estado en otros temas, porque no es posible que se le descuente a los trabajadores por el IPSS y la jubilación cuando es evidente que la gran mayoría no recibirá nada de estas materias por ser personal eventual que no llega a cumplir tres meses en un puesto de trabajo. El tema de la movilidad también debe solventarlo la empresa. (Un ejemplo: En Chile los sindicatos obreros lograron que la empresa recoja a los obreros y les proporcione el refrigerio, reivindicaciones que deben ser custodiadas por el Estado.)