En recientes declaraciones (diario Correo, 30.1.21) el ministro de Economía, Waldo Mendoza, dijo que un crecimiento alto y sostenible necesita de la inversión privada (en lo que coincidimos), por lo que el gobierno está despejando los cuellos de botella que dificultan sus avances y favorecen la informalidad.

Añadiendo, que el Estado debe cumplir con su rol de “facilitador” de la inversión privada, lo que implica liberar las trabas que la limiten permitiendo así que las empresas de todos los tamaños trabajen sin la incertidumbre que las condiciones fiscales y tributarias vayan a cambiar en el futuro. En nuestra opinión, esto implica también quebrar el mito de reservar al Estado determinadas actividades, que con el correr de los años sólo amparó y generó creciente corrupción.

A nuestro parecer, la informalidad en nuestra economía la origina justamente las excesivas condiciones fiscales y la elevada tributación que recae sobre las empresas y la población en general. Existe evidencia que muchos informales abandonarían sus emprendimientos de conseguir un lugar de trabajo estable.

Ambas limitaciones (fiscales y tributarias) son las que originan los males que se han vuelto endémicos y que seguirán aumentando si no se bajan los impuestos que recaen directamente sobre las empresas y sobre la población en general. Por ejemplo, el IGV de 18% equiivaldría a taparte una fosa nazal a un atleta en plena competencia.

Las repercusiones económicas, sociales y políticas serían trascendentales.

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