La alta tasa del Impuesto General a las Ventas (IGV), que se mantiene en el Perú desde hace muchos años, limita las compras de la población, y en particular de los estratos menos favorecidos. Ese 18% impacta directamente en el consumo, pues se trata de un impuesto que lo termina pagando el consumidor final.

Buena parte de los componentes de la canasta familiar están sujetos al pago del IGV. Existen, sin embargo, algunos productos que no están afectos a este impuesto, como por ejemplo las menestras, y productos hidrobiológicos, pero la mayor parte de bienes de consumo si están gravados por este desmedido tributo.

La población conoce, o intuye, que los elevados impuestos, sobre todo el IGV, los terminarán disfrutando un pequeño círculo vinculado al gobierno de turno.

El argumento de nuestros ciudadanos estatistas, compartido también por la gran mayoría de grupos políticos (autodenominados “partidos”), es el siguiente: Los impuestos, el IGV y los impuestos a los combustibles, sirven para financiar, o hacer posible, el desarrollo del país (infraestructura, salud, y servicios educativos principalmente). En pocas palabras, estos pocos caballeros, consideran que resulta más productivo que el Estado reciba estos recursos en lugar de promover el consumo y con ello el incremento de la riqueza y mejoría de nuestros habitantes. .

Si lo que buscan, verdaderamente, es aumentar y/o mejorar la infraestructura, la educación, o el acceso a una razonable justicia, esas aspiraciones estarían más cercanas si logramos una corriente de opinión para ir reduciendo, progresivamente, el IGV y otros impuestos que frenan nuestro crecimiento. Acoger esta propuesta voltearía la tortilla, y transformaría nuestro país.

¿Por qué creemos y postulamos esta idea? Este es nuestro raciocinio:

1. La reducción del IGV, fuera de otros impuestos, contribuiría a bajar progresivamente los precios de todos los productos gravados con ese impuesto. En cierta forma es una manera indirecta de mejorar permanentemente la situación económica de la población.

2. Disminuyendo los precios de las mercancías gravadas aumentaría el consumo general.

3. El aumento del consumo arrastraría gradualmente el incremento de la producción.

4. El aumento de la producción, generaría el incremento de la inversión. Por lo tanto, la demanda de mano de obra se intensificaría, mejorándose los índices del empleo.

5. Mejorando el empleo productivo, disminuiría el desempleo y la miseria. La población en general obtendría un segundo beneficio por la reducción de este impuesto.

Se conoce que buena parte de los ingresos destinados para apoyo social se van diluyendo a lo largo de la cadena burocrática antes de llegar a los beneficiarios de diferentes programas estatales. Nuestra proposición tendría un efecto inmediato para los pobladores, con la ventaja que evitaría el uso político que es inherente a los programas sociales.

Si los estatistas y los grupos políticos buscan mantener esta estructura tributaria es simplemente porque, de alguna manera, expresan su conformidad con el actual estado de cosas y no quieren que al pueblo, que soporta esta pesada carga tributaria, se le aligere el peso, a pesar de los múltiples beneficios que conlleva esta propuesta.

Resulta imperativo encarar este sinsentido tributario, cuyos efectos sobre la cabeza de los peruanos tiene un resultado pernicioso al generalizar la desocupación y la pobreza originando la creciente y mayor lacra que padece ahora nuestra ciudadana: El alarmante incremento del crimen y la delincuencia y en particular la corrupción, publicitada a diario por los medios.

jmagreda2000@yahoo.es

Lima, 12 de noviembre del 2021